WASHINGTON—Hoy el senador estadounidense John Cornyn (R-TX) encabezó una carta con 27 de sus colegas republicanos en el Senado en apoyo de los esfuerzos del fiscal general William Barr por priorizar la seguridad pública mientras el Departamento de Justicia busca abordar las consecuencias del coronavirus en las prisiones federales.
Escribieron: “Entendemos que la BOP está respondiendo para abordar el impacto que COVID-19 esta teniendo en oficiales correccionales y reclusos, y que el DDJ está utilizando su autoridad para permitir liberaciones individualizadas en instalaciones específicas y para reclusos específicos, teniendo en cuenta la salud específica de un recluso y su historia criminal, evaluación de riesgos, esfuerzos de rehabilitación, y soporte externo”.
“Algunos están tratando de utilizar la pandemia COVID-19 para avanzar en su agenda política, pidiendo una moratoria sobre el arresto y encarcelamiento de ciertos criminales o alentando la liberación de muchos delincuentes violentos que cumplen sentencias legales en cárceles y prisiones federales y estatales, sin tener plenamente en cuenta las potenciales ramificaciones de seguridad pública de tales acciones en las comunidades que luchan contra esta emergencia nacional de salud pública”.
“Tenemos serias preocupaciones sobre la liberación de individuos potencialmente peligrosos en las comunidades durante una emergencia nacional declarada y en un momento en que las fuerzas del orden público deben seguir enfocadas en prevenir el aumento de la actividad criminal que surge de esta crisis, como el cibercrimen, las estafas, el fraude y la violencia doméstica”.
Mitch McConnell (R-KY) y los senadores Lindsey Graham (R-SC), John Thune (R-SD), Ted Cruz (R-TX), Ben Sasse (R-NE), Josh Hawley (R-MO), Joni Ernst (R-IA), Marsha Blackburn (R-TN), Tom Cotton (R-AR), Pat Toomey (R-PA), Roy Blunt (R-MO), Kelly Loeffler (R-GA), Rick Scott (R-FL), Mike Braun (R-IN), James Inhofe (R-OK), Kevin Cramer (R-ND), Mike Rounds (R-SD), Deb Fischer (R-NE), Pat Roberts (R-KS), David Perdue (R-GA), Ron Johnson (R-WI), John Barrasso (R-WY), John Hoeven (R-ND), Shelly Capito (R-WV), Bill Cassidy (R-LA), John Kennedy (R-LA), y Steve Daines (R-MT) se unieron al senador Cornyn en el envío de esta carta. La carta firmada está disponibleaquí, y el texto a continuación.
Procurador General Bill Barr
U.S. Departamento de Justicia
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001
Estimado fiscal general Barr:
Cómo líder del Departamento de Justicia (DDJ) durante la pandemia de COVID-19, le pedimos que continúe su enfoque en las necesidades de las fuerzas del orden público y de otros cuerpos de socorro que se encuentran entre quienes sirven en la primera linea de esta crisis para mantener a nuestras comunidades seguras. En la Ley CARES, el Congreso proporcionó a las fuerzas del orden público federales, estatales y locales recursos importantes para responder a la crisis. La Ley CARES también proporcionó al DDJ nuevas herramientas para abordar el impacto de esta crisis en la Oficina de Prisiones (BOP), incluyendo una nueva autoridad de emergencia para ajustar la población carcelaria aumentando el uso de reclusión domiciliaria y expandiendo el uso de video y conferencias telefónicas. Entendemos que BOP está respondiendo para tratar el impacto de COVID-19 en oficiales correccionales y reclusos, y el DDJ está utilizando su autoridad para permitir liberaciones individualizadas en instalaciones específicas y para reclusos específicos, teniendo en cuenta la salud específica de un recluso e historia criminal, evaluación de riesgo, esfuerzos de rehabilitación, y soporte exterior. Apreciamos su compromiso con la seguridad pública durante este tiempo difícil, y creemos que el gobierno federal puede proporcionar liderazgo crítico en estos temas a los gobiernos estatales y locales.
Sin embargo, algunos están tratando de usar la pandemia de COVID-19 para avanzar en su agenda política pidiendo una moratoria sobre el arresto y encarcelamiento de ciertos criminales o alentando la liberación de muchos delincuentes violentos que cumplen sentencias legales en cárceles y prisiones federales y estatales, sin tener plenamente en cuenta las potenciales ramificaciones de seguridad pública de tales acciones en las comunidades que luchan contra esta emergencia nacional de salud pública. Nos preocupa seriamente la liberación de personas potencialmente peligrosas en las comunidades durante una emergencia nacional declarada y en un momento en que las fuerzas del orden público deben seguir centrándose en prevenir el aumento de la actividad delictiva derivada de esta crisis, como el cibercrimen, las estafas, el fraude y la violencia doméstica. Los funcionarios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley y los oficiales encargados de individuos en libertad condicional enfrentan una escasez significativa de mano de obra y equipo relacionada con las condiciones actuales de salud pública, y por lo tanto nuestras comunidades carecen de los recursos necesarios para supervisar el incremento en el numero de delincuentes; teniendo como objetivo lograr, de manera exitosa, la reincorporación de estas personas a sus comunidades sin cometer delitos adicionales. Durante esta difícil situación, los ciudadanos y las fuerzas del orden público deben centrarse en responder a la amenaza que COVID-19 plantea a sus familias, comunidades y medios de subsistencia, no en el aumento de las cargas impuestas por la liberación temprana a gran escala de criminales violentos de nuestras prisiones y cárceles.
Elogiamos sus esfuerzos para proteger la seguridad pública durante esta emergencia nacional, y le pedimos que continúe siendo un líder para esos funcionarios federales, estatales y locales de las fuerzas del orden público que buscan un balance entre su responsabilidad de garantizar la seguridad y la dignidad en nuestro sistema de justicia penal, al mismo tiempo que protegen, de la actividad criminal, a los ciudadanos que respetan la ley.
Atentamente,
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